El PP y los pozos

¿Pozos ilegales o alegales? ¿Malestar de los agricultores manchegos por la moratoria anunciada por el Ministerio?. La indefinida postura del PP, reflejada en las acusaciones de “prevaricación” ante esta anunciada moratoria sobre este problema social, le vuelven a poner en el punto de mira de todas las asociaciones agrarias de la región.

Ayer la portavoz del PP en la Comisión de Medio Ambiente, María Teresa de Lara acusó al Ministerio de Medio Ambiente de "prevaricación" por anunciar una moratoria a los pozos ilegales del acuífero 23 en una reunión en la Confederación Hidrográfica del Guadiana. En sus declaraciones De Lara hizo hincapié en el "malestar de los agricultores" de la zona volviendo a reclamar el famoso trasvase del Ebro hacia el Levante y sureste español.
Hoy los agricultores, al hilo de lo manifestado por De Lara, han valorado negativamente estas declaraciones. Según cuenta RADIO AZUL, “de barbaridad” es como ha tachado el secretario regional de ASAJA, Jose María Fresneda, el debate suscitado ante la petición del PP de que se retire la moratoria sancionadora por la utilización del agua de los pozos alegales. Fresneda ha lamentado que la clase política interrumpa el proceso para solucionar el problema del Acuífero 23 con debates que dice, solo hacen daño ahora que se está en sintonía para buscar una solución a la problemática del Alto Guadiana. Por su parte el secretario regional de COAG-IR Antonio Castellanos, asegura que el PP a nivel nacional debería informarse mejor porque con estas declaraciones se contradicen absolutamente con la postura de su propio grupo a nivel regional. Mientras desde UPA, añade RADIO AZUL, consideran que el único interés que C-L-M suscita al PP es hacer daño al gobierno, puesto que dicen, ha quedado demostrado que su mirada está puesta en Murcia. Cristóbal Torres es el secretario regional de UPA. Torres ha destacado que en estos momentos lo que el Alto Guadiana necesita son propuestas y soluciones que deben venir del consenso y desde la realidad social de miles de agricultores que necesitan el agua para mantener sus rentas.
Por su parte, el vicepresidente segundo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje ha destacado que el problema del acuífero 23 es un problema social, y por tanto no puede resolverse con expedientes administrativos, sino con sentido común.